Los responsables de los supermercados Diskont Ibidis S.A dejaron morir a la empresa. Esta es la conclusión que se extrae de las razones que ha presentado la Dirección General de Treball del Govern para denegar a esta cadena la solicitud de extinción de contratos de 45 trabajadores de sus centros en Eivissa. «Inspección de Trabajo dice que Ibidis S.A podía haber sido rentable si no se hubiese dejado morir», señaló ayer el secretario general de la Federación de Comercio de UGT en las Pitiüses, Fernando Fernández, que añadió que la empresa no cerró por falta de beneficios sino por «dejadez», ya que contaba «con una facturación anual de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas)», aseveró.
La resolución del Govern supone que la empresa «debería reabrir sus centros de trabajo», aunque Fernando Fernández reconoció ayer que «es muy poco probable» que esto se produzca. Hoy por hoy «ha quedado demostrado que los trabajadores tienen derecho a trabajar para estos centros», señaló el sindicalista que compareció ayer en la sede del sindicato acompañado por los miembros del comité de empresa de los centros. Precisamente con el objetivo de reclamar sus puestos, los trabajadores de Diskont se concentrarán mañana a partir de las 11'00 horas de la mañana en los Diskont de Fray Vicente Nicolas, ses Figueretes y Can Bellotera.
A pesar de esta buena noticia para los trabajadores que reivindicaban sus derechos y denunciaban que sus despidos habían sido improcedentes, UGT señaló ayer que no descartan emprender otras vías como la judicial, dada «la negligencia de los administradores de la empresa en este caso». Fernández, que calificó la actitud de la empresa de «desidia», aseguró que el propietario de la misma, Francisco Miró, conocía la existencia de un plan de viabilidad para mejorar los beneficios de la empresa que hubiese consistido en cerrar ocho de los centros con los que cuenta en Eivissa e invertir 1'8 millones de euros (300 millones de pesetas). Si se hubiese seguido esta vía se hubiesen salvado al menos 30 puestos de trabajo.
Otra de las quejas contra Ibidis S.A. que presentó ayer el comité de empresa fue el hecho de que los trabajadores no hayan cobrado la diferencia entre el subsidio de desempleo y el cien por ciento de su salario desde el cierre definitivo hasta enero, un compromiso efectuado por Ibidis. La empresa debe a los trabajadores por este concepto unos 48.000 euros (ocho millones de pesetas). El comité de empresa no admitió en ningún momento que el cierre de la cadena se hubiese debido a causas económicas (falta de beneficios por presión de otras cadenas de supermercados) tal y como alegó la empresa propietaria de la cadena cuando se determinó el fin de su actividad. «No fue la falta de beneficios sino la falta de buena gestión de los ingresos que obtenían los establecimientos», argumentaron, razón que finalmente ha sido corroborada por la Direcció General de Treball.