Cuando falta poco menos de tres meses para que se inicie la campaña de pesca del atún rojo en el Mediterráneo, WWF/Adena lanza una nueva advertencia sobre los peligros que comporta la sobreexplotación a que se ve sometida la especie y la imposibilidad de regular y controlar las llamadas granjas de atunes situadas. Esta denuncia se suma a las que periódicamente efectúan organizaciones como Greenpeace o, en el ámbito local, el GOB de Formentera, que en repetidas ocasiones han alertado de los riesgos de la captura masiva de túnidos en nuestras aguas.
Adena afirma que el pasado año las 12 granjas de atún existentes en el Mediterráneo produjeron 11.000 toneladas, cuando hace cinco años prácticamente no existía esta producción. Esta cantidad representa más de la mitad de todo el atún que se comercializa anualmente en el mundo y, paradójicamente, muchas de ellas reciben subvenciones de la UE al amparo de la Política Pesquera Común. El problema radica, según los expertos de Adena, en que las granjas no parten de alevines criados en cautividad, sino de ejemplares extraídos de la población que vive en libertad, capturados y trasladados en grandes jaulas hasta las granjas para su engorde. Esto significa que se retiran del medio natural gran cantidad de ejemplares antes de que puedan reproducirse y contribuir a mantener un precario equilibrio sobre una especie que cada vez cuenta con menores efectivos.
Paolo Guglielmi, de la Oficina Mediterránea de WWF/Adena declaró recientemente que «el atún rojo se ha convertido en una suerte de caviar del Mediterráneo, desatando una auténtica fiebre del oro». «De no remediarse -dijo Guglielmi-, el atún rojo desaparecerá completamente de nuestro mar en muy pocos años, y su recuperación podría ser imposible». En este sentido, Simon Cripps, director del programa internacional de mares amenazados de WWF/Adena puntualizó que «el atún rojo, una especie altamente migradora, se encuentra amenazado por la pesca directa en el Mediterráneo» para añadir que las granjas de atunes, situadas en España, Italia, Malta y Croacia, evaden todas las regulaciones y controles internacionales que intentan conservar las pesquerías.