La Oficina de Extranjería de Palma tiene fijado el próximo 31 de marzo como fecha límite para finalizar con la regularización de todos los expedientes de los inmigrantes que se acogieron a la tramitación marcada con la entrada en vigor de la Ley de Extranjería. Este tope afecta a alrededor de 600 expedientes que fueron tramitados desde Eivissa antes del 1 de agosto de 2001. Saber en que situación se encontraban era el objetivo de la Plataforma por la Convivencia, que ayer se reunió con la directora insular de la administración del Estado, Marienna Sánchez Jauregui.
Precisamente, la preocupación de los integrantes de la plataforma por el retraso acumulado en la regularización de los expedientes fue el tema central de una reunión con la cual los distintos colectivos aseguraron estar «satisfechos». La representante del Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE), Carmen Duarte, explicó que, en un principio, «parecía que los expedientes se estaban resolviendo demasiado lentamente». «La tramitación era más rápida para los de Mallorca, pero desde la Dirección Insular se nos ha aclarado que no se trata de ninguna preferencia política ni territorial, sino que ese es el orden en que se han tratado aunque se había acordado que se tramitarían por orden de llegada».
Duarte aseguró que los colectivos que integran la plataforma esperarán al 31 de marzo y después cuentan con el compromiso de que la «Dirección Insular colabore esclareciendo los que se hayan quedado pendientes, porque les falten datos, tengan el domicilio mal o no estén bien presentados». «Por otra parte, debo decir que desde CITE estamos contentos con el resultado de esta reunión y el acuerdo alcanzado. Además, nos gustaría que en el futuro hubiese un diálogo más fluido con comisaría».
Por su parte, la directora insular, Marienna Sánchez Jauregui, y en relación a otro de los puntos tratados, como es el de la presión policial sobre los inmigrantes por el hecho de serlo, explicó que no existía «una persecución especial». «En la reunión ha estado presente el inspector responsable de extranjería y nos ha confirmado que no existe orden ni circular alguna que obligue a ejercer una presión especial sobre este colectivo. Ni siquiera están llevando a cabo actuaciones especialmente destinadas a detectar inmigrantes ilegales», aclaró.
Por otra parte, la representante del grupo Justicia y Paz, Cristina Molina, trató el problema de la incoación de expedientes de expulsión a extranjeros (unos 22 hasta el momento). «El inspector ha explicado que la mayoría, a no ser que se trate de una actuación motivada por algún delito, se deben a que los inmigrantes acuden a comisaría para ejercer su derecho a poner una denuncia o reclamar cualquier cosa. En esos casos y si se comprueba su situación ilegal, se incoa el expediente. Y nos han explicado que esta situación se puede evitar poniendo las denuncias en el juzgado de guardia o a través de internet».
A partir de ahora habrá dos reuniones por
año
Entre otras cosas, en la reunión mantenida ayer por la Plataforma
por la Convivencia y la directora insular de la administración del
Estado, Marienna Sánchez Jauregui, se acordó que en el futuro estas
reuniones se realizarían con una periodicidad semestral, una en
mayo y la otra en el mes de noviembre. El objetivo de esta
periodicidad es que se puedan tratar los temas con mayor fluidez y
en caso de que haya algún problema puntual o de especial atención
de ambas partes se podrán convocar otras reuniones.