El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) dio ayer un varapalo a los ayuntamientos y al Consell Insular «por la dejadez institucional en materia de disciplina urbanística». El colectivo ecologista critica «la alta permisividad» de las normativas urbanísticas vigentes en la Isla y «la absoluta inoperancia» de las instituciones responsables para conseguir su cumplimiento. «Ni los parajes con más grado de protección, como ses Salines y Cala d'Hort, se encuentran salvaguardados de la especulación urbanística», recoge el GEN en un escrito. El colectivo hace especial mención al Consell que tiene las competencias en materia urbanística: «Dispone de las herramientas necesarias para adoptar medidas de control de la situación pero prefiere mirar a otro lado», dicen.
Califican de «intolerable» la situación y cuestionan las actuaciones desarrolladas, como la creación de un departamento de disciplina urbanística «que después ha quedado infradotado, tanto en los aspectos técnicos como el de personal». Respecto a los ayuntamientos, dicen que «colaboran con los infractores». Los ecologistas aluden el caso de las obras en Cap Llentrisca. En el momento en el que se denunció por el coleectivo aquella zona tenía unas medidas de protección «que hacían legalmente inviable la continuación de las obras». Sin embargo, pese a las denuncias del GEN ante el Ayuntamiento, el Consell y el Govern y de contar con una orden de paralización «ninguno ha sido capaz de impedir que una de las viviendas denunciadas estén acabadas y otras dos prácticamente finalizadas».
A su juicio, «el lamentable espectáculo ofrecido por las instituciones implicadas, Ayuntamiento Consell y Govern, es digno de la republica bananera más tercermundistas». El Ayuntamiento de Sant Josep, por impedir la paralización de las obras; el Consell, por decretar la paralización sólo de dos de las tres obras denunciadas «pero mostró una dejadez inaudita a la hora de cumplirlo»; y el Govern, autorizó «en un descuido» los tendidos para suministar energía eléctrica para las obras.
La presidenta del Consell, Pilar Costa, se refirió ayer a la actuación en el caso de Cap Llentrisca, donde el juez dio la razón a la institución cuando ordenó la paralización de las obras. Al continuar las mismas, los técnicos de la institución preparan un escrito a la Fiscalía para que intervenga.