El Consell denunció ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la continuación de la construcción de unas viviendas en Cap Llentrisca sobre las que pesa una orden de suspensión decretada por la institución el 4 de mayo del año 2000.
Asimismo, la institución insular se ha dirigido a la Conselleria balear de Medi Ambient para poner en conocimiento de su máxima responsable, la verde Margalida Rosselló, la situación en que se encuentran esas obras y para recordarle el «procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la orden emanada desde esa Conselleria para paralizar los actos que supongan la transformación de la realidad del área de Cala d'Hort», según se explica en una nota de prensa remitida por el Consell.
Las obras fueron suspendidas en 2000 por la «nulidad de pleno derecho de las licencias en que se basaban», «por falta de un cartel anunciador con los requisitos legales» y por aplicación, preventiva, de lo que comportaba la orden (de 4 de agosto de 1999) de protección cautelar del área de Cala d'Hort y su entorno, «ya que la Conselleria de Medi Ambient del Govern no lo hizo», se subraya en la denuncia ante la Fiscalía.
Contra ese acuerdo recurrieron el Ayuntamiento de Sant Josep y Armando González-Orejas, su promotor y propietario, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ mantuvo la paralización de las obras. En la denuncia ante la Fiscalía se pide que se depuren las supuestas responsabilidades penales de quienes han violado de manera «reiterada y absoluta» el mandato de paralización, y al mismo tiempo se advierte de que del régimen jurídico del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cala d'Hort, aprobado el 15 de febrero, «se deriva que las obras de Cap Llentrisca son del todo prohibidas y que debe procederse a su demolición».