El sábado se cumplirá un mes de la cuestión de confianza ligada a la aprobación de presupuestos que perdió en un pleno extraordinario la presidenta del Consell, Pilar Costa. No se prevé que el grupo popular presente una moción de censura, de manera que, en teoría, las cuentas insulares quedarán aprobadas automáticamente. Como se trata de la primera experiencia de este tipo en las Pitiüses, no es de extrañar que los grupos políticos insulares no coincidan en cuál debe ser el procedimiento que se debe seguir a partir del sábado, cuando se cumpla el plazo.
El vicepresidente segundo del Consell, Santiago Ferrer, considera que el día 11 de mayo, si no se ha presentado antes una moción de censura, los presupuestos quedarán aprobados de forma automática y «definitiva». Dos jornadas después, el lunes 13, el tocho de las cuentas será enviado al Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) para su publicación. El equipo de Gobierno tiene claro que éste es el procedimiento porque así lo recoge la ley orgánica de Régimen Electoral, en cuyo artículo 197 bis se basó para plantear la cuestión de confianza ligada a la aprobación de los presupuestos.
El conseller del grupo mixto, Joan Buades, como es habitual, discrepa. Buades aboga por un procedimiento que difiere, esencialmente, en que las cuentas no quedan aprobadas definitivamente, sino que deben pasar aún el trámite de un pleno de la institución. Según asegura, los presupuestos del año 2002 sólo quedarán aprobados «inicialmente». Se abre entonces un periodo de quince días -algo en lo que coincide el equipo de Gobierno- de exposición pública en el que se podrán presentar «reclamaciones», que Buades ya tiene preparadas y que tienen forma de modificaciones de partidas presupuestarias, si bien en la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 151, se subraya que sólo existen tres supuestos para presentarlas, todas de carácter técnico: por defecto de forma, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local, o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos presupuestados.
Pasados esos 15 días, Buades entiende que debe celebrarse un pleno donde se deben votar las reclamaciones, y con ellas las propias cuentas de la institución. Es en este punto donde existe la mayor divergencia entre Buades y el Pacte: «Una vez votadas las enmiendas -señala el conseller del grupo mixto- se hace una votación general de presupuestos, que es lo normal y lógico. Esta teoría -añade con ironía- está avalada por la vieja tradición democrática. Otra cosa es que lo normal en otros parlamentos no lo sea en el de las Pitiüses». Buades apuesta por esta solución con la intención de volver a bloquear la aprobación de las cuentas, como hizo el pasado mes de diciembre. De haber una nueva votación del presupuesto tiene en sus manos impedir que prospere y obligar a que se prorrogue, otra vez. Según el Pacte, para evitar esa situación de bloqueo de una institución local la ley de Régimen Electoral prevé la fórmula de la cuestión de confianza y, en caso de perder esa votación, la consiguiente aprobación definitiva de las cuentas pasados 30 días.
Para Pere Palau, del grupo popular, los presupuestos quedarán aprobados inicialmente el sábado, luego pasarán a exposición pública durante 15 días para que cualquier ciudadano presente reclamaciones y, finalmente, habrá después un mes de plazo para que esas alegaciones (si las hay, que las habrá) se resuelvan en pleno. Pero, según Palau (que dice que para este tema se ha asesorado), sólo se llevarán a pleno las reclamaciones, «no el presupuesto». Y sólo se aceptarán aquellas «que afecten a la configuración de las cuentas; no pueden ser enmiendas que modifiquen partidas presupuestarias», advierte el popular: «Las partidas son las que son, y son inamovibles».