Instituciones, partidos y colectivos empresariales expresaron ayer su condena al ataque contra el concejal de Urbanismo de Formentera, José Ramón Mateos, el aparejador municipal, Antonio Calvo, y los dos policías locales que les acompañaban en el momento de ir a precintar unas construcciones hechas sin los permisos municipales hechas en los apartamentos «Dunas Playa», en Migjorn.
El Ayuntamiento de Formentera celebró anoche un multitudinario pleno extraordinario en el que se aprobó una declaración en la que se protestaba por «la actitud de menosprecio que el acto significa para el Ayuntamiento y hacia la autoridad que representa». «Sólo el cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés general por encima del particular nos puede garantizar el bienestar de todos y una convivencia en paz», recogía el texto aprobado por unanimidad. El Consistorio, al igual que el PSOE, ha anunciado que se personará en la causa como acusación particular para defender a los representantes municipales agredidos.
Por su parte, el Govern balear hizo una declaración institucional en la que destacó que «resulta del todo inadmisible acudir a la violencia para hacer valer una opinión o expresar discrepancia, en este o en cualquier otro caso». También hizo patente su confianza en que «la Justicia depure las responsabilidades penales de los autores de estos hechos rechazables».
La presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, hizo hincapié en la «falta de conciencia general sobre la necesidad de la aplicación de la legalidad en temas urbanísticos». La junta de portavoces de la institución, compuesta por representantes de los tres grupos políticos con representación (Pacte, PP y Els Verds), consideró «muy peligroso cualquier discurso que induzca a los ciudadanos a desobedecer o ignorar las normas emanadas de una institución democrática, ya que puede provocar hechos como los que han