El grupo popular «no presentará reclamaciones» a los presupuestos del Consell para el año 2002, según anunció ayer el presidente del PP y próximo conseller de esa formación Josep Juan Cardona. Hoy se cumple el plazo de 30 días (establecido tras el pleno en el que la presidenta Pilar Costa pérdió la cuestión de confianza) por el que si ningún grupo presenta una moción de censura los presupuestos quedan aprobados.
Se abre ahora un periodo de exposición pública, previo anuncio en el BOIB, durante quince días hábiles en el que cualquier ciudadano puede presentar reclamaciones. El PP no lo hará, pero el conseller del grupo mixto, Joan Buades, sí, según ha anunciado. Juan Cardona explicó ayer que el PP no presentará reclamaciones porque no tiene la intención de «bloquear los presupuestos», circunstancia que, entre otras cosas, perjudicaría a los trabajadores del Consell.
No obstante, Juan Cardona considera que «con seis meses de retraso, al equipo de Gobierno no le queda tiempo para ejecutarlos». Aunque cree que en su mayor parte «no reflejan los intereses de los ibicencos», los populares habrían apoyado algunos proyectos progresistas (como el centro deportivo de Sant Antoni o el de la tercera edad de Santa Eulària) si les hubieran pedido consensuarlos, dijo ayer el presidente del Partido Popular.
Respecto a si las cuentas quedan hoy definitiva (como se dice desde el Pacte) o inicialmente aprobadas (como, en diferentes acepciones, se indica desde el grupo mixto y el popular), el PP dispone de un «dictamen» elaborado por un letrado y diplomado en Administración local en el que se asegura que respecto a lo que se indica en el artículo 197 bis 5 de la ley orgánica de Régimen Electoral General, «la aprobación del proyecto de los presupuestos anuales ha de entenderse como provisional o inicial, debiéndose continuar la tramitación por los cauces normales».
En primer lugar, se deberán poner en exposición pública , previo anuncio en el BOIB, durante dos semanas. Los presupuestos serán considerados «definitivamente aprobados» si no se presentan reclamaciones. En caso contrario, el pleno del Consell «dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas». Las reclamaciones se considerarán denegadas «si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva», durante el pleno.