La propiedad de la Ciudad de Vacaciones de Punta Prima recurrirá judicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de ses Salines de Eivissay Formentera , según explicó un portavoz de la sociedad. La demanda «se desdoblará en dos partes», señaló Leo Stöber, gerente del complejo turístico: «La primera versará acerca de la declaración de ilegalidad de múltiples aspectos de procedimiento y de fondo del propio PORN; la segunda se refiere al cálculo preciso para dimensionar y justificar el perjuicio económico que dicha Ley ha causado a la propiedad, reclamando su importe más los intereses de tramitación que correspondan».
Los propietarios de la Ciudad de Vacaciones se consideran «afectados directos por el PORN», y sin querer añadir «crispación al tema» quieren dejar constancia «de lo que está en juego cuando se menciona Punta Prima como uno de los puntos que producen discrepancias entre el Govern Balear y el de Formentera». Stöber se refiere a dos noticias publicadas por este rotativo el 3 de agosto de 2001 y el 7 de mayo del presente año como «importantes» por lo que afecta a sus intereses.
Concretamente en agosto de 2001 un artículo de Ultima Hora Ibiza y Formentera titulado «La ley de ses Salines elimina 400 plazas turísticas en Punta Prima» fue a través del que, según Leo Stöber, «la propiedad se enteró de la decisión del Govern Balear para impedir la finalización de las plazas correspondientes y reconocidas legalmente, y sobre todo necesarias para la terminación y mantenimiento del complejo».
Asimismo, el representante de la propiedad ha afirmado que en contra de lo declarado por José Manuel Gómez, director general de Biodiversidad del Govern, «no ha habido negociaciones con la Conselleria de Medi Ambient, ni ofrecimiento de número limitado de camas adicionales», e indicó que todos los contactos se reducen a una «visita de los representantes de la propiedad a la consellera [Margalida Rosselló], que escuchó con mucha atención y deferencia las alegaciones verbales que entonces ya se habían formulado por escrito, diciendo que ignoraba los derechos adquiridos por sentencia firme y que iba a consultar "remarca Stöber-, acerca de la postura a adoptar». De ello resultó un «oficio» de la propia conselleria cuyo contendio eludía el tema turístico planteado.