El Colegio Oficial de Aparejadores ha constatado que el incremento de las sanciones a los constructores por infracciones en materia de seguridad laboral está obligando a elevar hasta un 10 por ciento el precio de los pisos para compensar el elevado coste de las multas. A pesar de que admiten que hay multas justificadas, matizan que muchas otras se hacen sin haber habido accidentes y sin que el constructor haya sido advertido y aleccionado de cual es la infracción a subsanar y cómo debe hacerlo.
El presidente de la asociación profesional, Jose Manuel Prieto, señaló que su interés y el de su colectivo no es atacar a la Administración sino solicitar que la labor de la inspección sea «más de ayuda, de información y formación y menos de sanción».
Esta es una de las conclusiones que se extraen de la jornada sobre siniestralidad laboral que organizó el Colegio recientemente con la participación de todas las partes implicadas en salud y riesgos laborales (constructores, sindicatos, técnicos y administraciones).
Las conclusiones recalcan que, además del carácter sancionador y crítico de la Administración, «sería interesante un acercamiento que ofreciera o propusiera soluciones viables para los sistemas constructivos o, cuando menos, indicar formas de actuación o protocolos en los diferentes casos».
Otras propuestas que lanzan a la Administración son proponer la sanción al trabajador «bajo la perspectiva de que él es el primer y más interesado en la colocación de los dispositivos de seguridad ya que es su vida la que está en juego»; conseguir para el trabajador la cartilla profesional y conseguir para el constructor documentación de calificación empresarial.