Unos 500 presos políticos de la dictadura franquista residentes en Balears que no percibieron las ayudas del Estado en 1990 y 1992 por no cumplir los requisitos podrán ser indemnizados ahora por el Govern, según anunció ayer el conseller de Presidència, Antoni Garcías, quien señaló que se han invertido 358.450 euros en los primeros 126 beneficiarios. De ellos, tres son mujeres, 82 residen en Mallorca, 34 en Menorca y 10 en las Pitiüses.
El Govern ha previsto un presupuesto de 1'2 millones de euros. Los requisitos que fijó el Estado en 1990 y 1992 para optar a sus ayudas eran que los candidatos debían haber sido presos durante más de tres años y haber cumplido 65 años en 1990. El Govern ha ampliado las subvenciones a los presos sin requerir un mínimo de estancia en la cárcel, por lo que pagará 1.200 euros a quienes estuvieron presos hasta seis meses y 90 euros más por cada mes adicional, hasta un máximo de 3.902 euros.
Además, el Ejecutivo autonómico destinará estas ayudas a todos los prisioneros políticos que ya hubiesen cumplido 65 años o más a finales de 1994 y considerará beneficiarios no sólo a sus viudos, sino también a sus parejas de hecho o a sus hijos con discapacidades. Estas ayudas son incompatibles con cualquier indemnización de las administraciones públicas o de la Seguridad Social por el mismo concepto.