La multa de 190.000 euros impuesta por el Consell al Ayuntamiento de Sant Josep por permitir unos adosados en Sant Jordi dentro del radio de protección de la iglesia (250 metros) sigue provocando reacciones desde el Consistorio josepí. Ayer, mediante un comunicado de prensa, el Ayuntamiento se quejaba de que tanto la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur, como el conseller de Urbanismo, Josep Marí Ribas, «penalizan al Ayuntamiento como si fuera una institución reincidente al incumplir sistemáticamente las prescripciones impuestas por la comisión de Patrimonio, ya que dicen que en casi todos los proyectos presentados relativos a mejoras en núcleos histórico-artísticos no se ajustan a los criterios que dicha comisión establece».
Tras defender la legalidad de los proyectos presentados, el Consistorio asegura que «la prepotencia del Consell llega a alcanzar límites inverosímiles» y que «una vez más intoxican a la opinión pública con esta clase de manifestaciones y desbarran cuando dicen que quieren invertir esta desmesurada y arbitraria sanción (eliminando la presunción de inocencia que recoge la Constitución) en la compra de cualquier cosa para el municipio de Sant Josep».
Finalmente, el Ayuntamiento se pregunta si «el Consell tiene dos varas de medir para según que casos», en clara alusión al edificio proyectado en Puig des Molins.