«La persona que tendría que poner orden provoca desórdenes». Con esta contundencia respondió ayer el president del Govern, Francesc Antich, a la delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer, quien calificó de insuficiente el número de autocares que ha establecido el Ejecutivo como los servicios mínimos. Para Antich, quien compareció ante los medios informativos horas antes de la huelga general, Cirer pretende «curarse en salud» ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad no puedan obligar a cumplir los servicios mínimos.
«Para mí ha sido una gran sorpresa las manifestaciones de Cirer, sobre todo después de haber intentado trabajar conjuntamente con ella para evitar que se produzcan problemas graves durante la huelga general; parece que Cirer ha olvidado que esta protesta no es por culpa del Govern», contestó Antich, visiblemente molesto por las críticas de la delegada del Gobierno a los servicios mínimos decretados por el Ejecutivo.
El president hizo un llamamiento a la responsabilidad y solicitó a los piquetes informativos que sean «informativos» y que los empresarios de las Islas garanticen el derecho a aquellos trabajadores que quieran participar en la huelga general. Antich exigió que «las fuerzas de seguridad garanticen los servicios esenciales». No obstante, el president del Ejecutivo no quiso dar su opinión ante la posibilidad de que la policía escolte a los autocares en servicios mínimos. «Es un asunto que compete a la Delegación del Gobierno y no al Govern», precisó el jefe del gabinete autonómico.
Tras el llamamiento a la tranquilidad efectuado por Antich, el conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, explicó cómo se fijaron los servicios mínimos para el transporte discrecional, donde no existe acuerdo con los sindicatos para su cumplimiento. Quetglas aseguró que el Govern ha establecido unos servicios mínimos razonables que evitará el «hacinamiento» de turistas en los aeropuertos de Balears. En este sentido, Quetglas recordó que se habían fijado un total de 20 autocares para Mallorca, que se desplazarán hasta las distintas zonas turísticas de la isla. Una vez en sus zonas turísticas, los visitantes deberán desplazarse hasta los hoteles a pie o con los vehículos privados.
Quetglas calculó que durante la jornada de hoy pasarán por el aeropuerto de Palma unas 30.000 personas, de las cuales la mitad llegarán de vacaciones a la isla y deberán ser desplazados hasta sus hoteles. El Govern cree que unos 8.000 turistas necesitarán hacer uso del transporte discrecional. «Estamos ante unos servicios mínimos razonables, aunque es una responsabilidad de Delegación del Gobierno que se cumplan», recalcó Quetglas.
El president del Govern anunció que se estudiarán posibles sanciones a aquellas empresas que rechacen cumplir los servicios mínimos, aunque Antich recalcó que «nuestra misión ahora no es adelantarnos a lo que pueda ocurrir durante la jornada de huelga». Antich ha ordenado a todos los miembros del Govern que estén hoy en sus puestos de trabajo, aunque el president volvió a criticar la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que se ha producido en plena temporada turística.
Cirer ofrece protección policial a los trabajadores que
no hagan huelga
La delegada del Gobierno, Catalina Cirer, se reunió ayer con
representantes del sector del transporte discrecional para
garantizar protección policial a aquellos trabajadores que opten
por no participar en la huelga general. Según una nota informativa
emitida por Delegación del Gobierno, Cirer ha recordado que las
fuerzas de seguridad no podrán obligar a trabajar a un empleado que
quiera ejercer su derecho a secundar el paro. Cirer ha precisado
que este compromiso «se hace extensivo a todos los sectores
económicos de Balears». Asimismo, la delegada del Gobierno ha
reiterado a Francesc Antich su voluntad de cooperar en cualquier
iniciativa del Govern «en relación al óptimo desarrollo de la
jornada de huelga». Cirer ha insistido en que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado están a disposición del presidente de la
Comunitat y de todos los ciudadanos para preservar sus derechos y
libertades. Esta postura de Cirer se produce después de que la
delegada se pronunciara en contra de los servicios mínimos fijados
por el Govern.