Las obras, denunciadas el 19 de marzo de 2001 por la presidenta de Amics de la Terra, Hazel Morgan, consistían en la construcción de un bar-restaurante, presupuestado en 103.508 euros, que fue levantado a menos de 50 metros de la lengua de mar y para el que se arrancó parte de un extenso sabinar. Además, según consta en las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía, se excavó, extrajo y eliminó arena perteneciente al sistema dunar. Para acceder a la zona donde se produjeron los hechos fue abierto un camino de acceso y ampliado el sendero existente, bajo el que se soterraron conducciones de agua y de electricidad.
El fiscal encargado de este asunto, Manuel Campoy, advierte en el escrito remitido al juez de que según un detallado informe redactado por los servicios técnicos de la Conselleria insular d'Urbanisme los terrenos donde se efectuó la obra quedaron clasificados por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) como suelo rústico protegido con la categoría de área de protección territorial, donde figura como «uso prohibido» ese tipo de edificio. Campoy observa que «pese a todo ello» el Ayuntamiento de Santa Eulària «concedió licencia para su construcción» en la Comisión de Gobierno celebrada el 28 de julio de 2000 «en base a un escueto informe favorable de los servicios técnicos» emitido y firmado el mismo día de la concesión. El informe favorable no contenía referencia a las DOT, y tanto ese documento como la licencia fueron rubricados justo tres días antes de la publicación en el BOIB de la norma territorial cautelar del Consell. En este sentido, el fiscal destaca en su escrito la «rápida tramitación» del expediente: la solicitud de licencia por parte del promotor fue registrada en el Ayuntamiento el 25 de julio de 2000, tres días antes de su informe favorable y concesión. La licencia no se expidió hasta el 12 de agosto.
También ha despertado las sospechas del fiscal que en la documentación que aportó el promotor el día 25 de julio obra una certificación registral «fechada un día después», el 26 de julio, y que el proyecto básico fue visado por el Colegio Oficial de Arquitectos también con posterioridad, el día 26 de julio.
Asimismo subraya que pese a esas evidencias el Consistorio no ha iniciado expediente de revisión de licencia ni sancionador.