La Fiscalía ha solicitado al juzgado de instrucción y primera instancia que se abran diligencias previas por la comisión de un posible delito contra la ordenación del territorio en la urbanización de ses Torres y declaren como imputadas 17 personas: el alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, el teniente de alcalde, Vicente Riera Noguera, y el resto de los ediles del grupo popular (Francisco Tur, Nuria Ferrer, Vicente Torres, José Colomar, José Escandell, Vicente Torres Planells, Ana Costa, María Isabel Torres, Salvador Losa, Esther Marí y Carmen Tur), así como el secretario de la Corporación, el asesor jurídico José María Roig Vich, la ex arquitecta Raquel García y el aparejador Vicent Marí. Sólo dos de ellos, la arquitecta y el asesor, no aparecían en la denuncia formulada el pasado 18 de octubre por Esquerra Unida (EU) ante la Fiscalía.
La juez Carmen Robles, responsable del juzgado de instrucción número 4 de los de Eivissa, ha decidido que, de momento, el próximo 16 de julio declaren como imputados la arquitecta, el aparejador y el asesor del Ayuntamiento, y que lo haga como testigo el edil progresista Carlos Salinas. Dada la extremada complejidad del caso, posteriormente determinará en calidad de qué deberá declarar el resto de sujetos propuestos por la fiscal. La juez también ha requerido, a instancias de la Fiscalía, las actas originales de las sesiones de los órganos municipales en que se aprobaron el proyecto de urbanización y las licencias (en las que se podrá conocer el sentido de los votos), así como el expediente que dio pie a la parcelación y segregación.
La Fiscalía ha considerado que podrían ser constitutivos de delito los hechos denunciados por el diputado Miquel Ramon, en nombre de EU. En la denuncia se explicaba que el 3 de agosto de 2000 el pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó el proyecto de urbanización de ses Torres cuando esos terrenos están calificados como suelo no urbanizable (rústico) por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según se expresaba en la denuncia, el equipo de Gobierno, asesorado por sus técnicos, tomó «a sabiendas de su injusticia» una decisión que era «manifiestamente ilegal».