Un Ayuntamiento que desde hace casi un año no se atreve a conceder licencias ante el temor de que el Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) de Santa Eulària sea tan ilegal como se sugiere en diversas sentencias. Entre 20 y 30 peticiones de declaración de silencio administrativo. Solicitudes de indemnizaciones que podrían alcanzar decenas de millones de euros. Un par de técnicos del Consistorio llamados a declarar como imputados en el caso ses Torres y 13 concejales, incluido el alcalde, que también deberán declarar, aunque aún se desconoce en calidad de qué. ¿Cómo se ha llegado a esta situación de caos? Por una simple esquina, la que forman las calles Sant Jaume y Sant Vicent, una pequeña parcela en plena urbe que a principios de los años 90 originó un enfrentamiento entre el empresario Javier Cabau y el Consistorio que ha terminado poniendo patas arriba el planeamiento urbano, ahora en entredicho.
Según el Plan General de Ordenación Urbana (aprobado en 1981), en esa finca se podía construir una vivienda de hasta cuatro alturas, al ubicarse en un casco urbano antiguo. Pero el PDSU, aprobado en 1988, rectificaba al PGOU y determinaba que aquel solar era zona verde y, por tanto, no podía construirse absolutamente nada. Cabau puso todo su empeño, y dinero, en defender sus derechos, aunque pesara a un ex concejal popular que residía justo al lado y al que un edificio podría tapar las ventanas que el padre del empresario le dejó abrir lustros atrás.
Antes de que el caso llegara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hubo negociaciones en las que el Ayuntamiento no quiso aceptar dos propuestas, según explica el concejal progresista Carlos Salinas. Una consistía en resolver el asunto con dinero, alrededor de 50 millones de pesetas por el terreno. La segunda, en permitir edificar en esa esquina a cambio de ceder al Consistorio un trozo para que creara un pequeño parque o una fuente. Lo que al equipo de Gobierno le pareció entonces un precio excesivo, seguro que ahora lo consideraría una ganga, pues se hubiera evitado que una sentencia, de julio de 1997, pusiera en entredicho la legalidad del PDSU, facultara a Cabau a construir la casa y empezara a resquebrajarse la política urbanística del municipio.