Lo más sobresaliente del avance del PTI, cuya exposición pública durante tres meses será votada el martes, es que establecen unos cupos anuales que reducen a 26.728 las plazas que se podrán construir en los próximos diez años, a razón de un uno por ciento de crecimiento anual. En la actualidad existen 113.157 plazas de suelo vacante, de ellas 1.384 en Formentera.
La distribución de esas plazas no ha sido proporcional, sino que se ha repartido el 60 por ciento (14.561 plazas) de forma equitativa entre los seis municipios y el resto «en función de la capacidad de alojamiento de cada uno». De esa manera, Eivissa podrá, anualmente, dar licencias para 583 plazas, mientras que Sant Antoni tendrá capacidad para 447, Santa Eulària para 599, Sant Joan para 300, Sant Josep para 497 y Formentera para 246. El PTI pone ese techo, si bien, como ha ocurrido en Vila, cada ayuntamiento puede decidir por su cuenta una reducción de esa cantidad.
Esa medida viene acompañada de otras, como que las zonas comprendidas en el anillo litoral no podrán acaparar más de un 50 por ciento de las licencias cada año. Además, un 33 por ciento de las autorizaciones deben ser para viviendas de precio tasado, una medida adoptada por el equipo de Gobierno para combatir los elevados precios existentes en las islas.
Pilar Costa y Josep Marí Ribas siguen confiando en aprobar el PTI en la fecha marcada por las Directrices de Ordenación del Territorio, la próxima primavera. No obstante, la moratoria que será votada en el pleno extraordinario del martes estará vigente hasta octubre de 2005 o hasta que se apruebe el PTI, que, por otra parte, una vez se apruebe definitivamente da un plazo de dos años a los ayuntamientos para que adapten sus planeamientos a las determinaciones del plan insular. En caso de que los consistorios ignoraran esa obligación, el Consell se subrogará esa competencia para adecuar las directrices urbanísticas de cada municipio al PTI, advirtió ayer Costa..