Es la primera consecuencia de la denuncia que presentó Esquerra Unida (EU) ante la Fiscalía el pasado mes de octubre por el caso de la urbanización ses Torres, lugar donde el Ayuntamiento permitió una urbanización alegando que el Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) recogía ese suelo como urbano, pese a que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aparecía como rústico.
Desde entonces, el Consistorio ha congelado el PDSU, negándose a conceder más licencias hasta que la Justicia aclare si es aplicable, como defiende el alcalde, Vicent Guasch y el grupo popular de Santa Eulària, o es nulo de pleno derecho, como afirman los progresistas y se indica en los fundamentos de derecho de una sentencia.
Decenas de particulares y empresas han solicitado desde entonces licencias, sin que el Ayuntamiento respondiera. Ante el silencio administrativo en primera instancia, el Consistorio les ha remitido al Consell, en cuya CIU se analizarán hoy las primeras denuncias de mora. Lo que determine ese organismo será de suma importancia para el futuro del planeamiento urbanístico de Santa Eulària, así como para que los interesados, que podrían interponer demandas millonarias por los estragos que les han causado, pues, teóricamente, con un planeamiento (el PDSU) pueden construir viviendas, mientras que con el otro (el PGOU) no.
En octubre del año pasado, un informe de la CIU consideraba nulo el PDSU por vulnerar el PGOU y por contradecir la ley de Suelo. El Consell instó entonces al Ayuntamiento a que dejara de aplicar el PDSU y revisara los acuerdos adoptados hasta entonces el mismo.