El Ayuntamiento de Sant Joan ha ordenado la retirada de otras dos antenas de telefonía móvil, tal y como contempla la nueva ordenanza que regula la instalación de este tipo de infraestructuras en el municipio. El Consistorio empezó a hacer uso del nuevo plan regulador comunicando a la compañía Telefónica que dispone definitivamente de un plazo de seis meses para retirar la controvertida antena que se alza a apenas 25 metros del colegio público. Lo mismo ha hecho ahora con otras dos, también próximas a viviendas.
Una está en la zona del Port de Sant Miquel y la otra en Punta Grossa (sa Cala de Sant Vicent). Ninguna de las dos cuenta con los preceptivos permisos. Las empresas que gestionan estas infraestructuras también disponen a partir de ahora de un plazo de seis meses para reubicarlas en las zonas específicas que marca la nueva ordenanza. «De momento ya se han iniciado los trámites para retirar las tres antenas del municipio que están próximas a la población. Hay otras antenas, también sin permiso, pero que no están próximas a viviendas. Estas también tendrán que reubicarse en las zonas determinadas para ello, pero hemos dado prioridad a las más conflictivas», explica el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca.
Pese a que el Ayuntamiento dio máxima prioridad a la antena próxima al colegio, las emisiones electromagnéticas que ésta emite están por debajo del máximo que permite la legislación, según las mediciones que realizó la dirección general de Tecnología e Innovación, dependiente de la Conselleria de Innovación y Energía del Govern, a petición del Consistorio ibicenco. La nueva ordenanza contempla la concentración de todas las antenas de telefonía móvil en un lugar específico que no cause ningún impacto en el medio ambiente y preferentemente en suelo no urbanizable. La instalación de nuevas antenas precisarán de la correspondiente licencia municipal de obras y actividad, algo que no cumple casi ninguna de las actuales.
Si alguna se alza en suelo no urbano requerirá, además, una declaración de interés general por parte del Consell Insular. La normativa municipal de Sant Joan se adapta perfectamente a la de ámbito insular del Consell, que aún sigue en periodo de exposición pública. Esta también establece zonas sensibles, como escuelas u hospitales, donde no podrá haber antenas.
El límite de radiaciones permitido por la ordenanza de Sant Joan corresponde con el fijado en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre acerca de las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, dictado por el Gobierno. Sant Joan es el primer municipio de Balears en aprobar una ordenanza de este tipo. La polémica sobre estas antenas surgió el año pasado tras conocerse que en el colegio García Quintana de Valladolid, próximo a una de estas infraestructuras, había cuatro alumnos afectados por un cáncer. Lo mismo le sucedió a otros dos menores que viven muy cerca de este centro escolar.