El Consell ha remitido a la Fiscalía un documento en el que certifica que los terrenos de Can Castelló donde el Pacte Progressista denunció la edificación de media docena de viviendas ilegales es considerado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santa Eulària como suelo rústico de carácter forestal, de manera que para construir una sola vivienda es preciso disponer de al menos 15.000 metros cuadrados. El certificado avala la denuncia de los progresistas, pues las parcelas donde están ubicadas seis de las siete viviendas denunciadas sólo ocupan, en total, 10.270 metros cuadrados, 5.000 menos que el mínimo exigible para una sola de ellas.
Tras la denuncia formulada públicamente por el Pacte el pasado invierno, la Fiscalía decidió investigar el caso para dirimir si se ha cometido un delito contra la ordenación del territorio. Según el Pacte, se han dado de alta casas en el Registro de la Propiedad mediante certificados falsos de antigüedad (cuya veracidad no comprobó el Consistorio) y se han empleado placas catastrales inexistentes o de otras viviendas para conseguir licencias de obra. El fiscal que investiga delitos contra el medio ambiente, Manuel Campoy, decidirá próximamente si remite al juzgado este asunto.
El certificado emitido por el Consell demuestra, según explicó ayer el portavoz de los progresistas de Santa Eulària, Carlos Salinas, que ni siquiera con la superficie que ocupan en total las siete viviendas se podría haber construido una sola. La que dispone de más terreno sólo tiene 2.870 metros cuadrados (siete veces menos de lo que exige el planeamiento), y la que menos, 1.100 metros.