El gasoducto es la alternativa que requiere menor inversión para el suministro de gas natural a Eivissa y Mallorca, tanto en construcción como en operatividad y mantenimiento, según la propuesta de planificación energética para Balears hecha pública por el Ministerio de Economía el pasado julio. Según el departamento que dirige Rodrigo Rato, la inversión necesaria para el gasoducto es de 236'5 millones de euros (39.350 millones de pesetas).
Rato señaló el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, que cualquier decisión sobre el futuro energético de Balears no se tomará hasta finales de 2003. Construir una planta de regasificación (transporte de gas natural en barcos) y un gasoducto de Mallorca a Eivissa costaría 274'5 millones de E (45.669 millones de pesetas, un 16% más que el gasoducto) y la instalación de plantas en las islas ascendería a 303 millones de E (50.458 millones de pesetas, un 28% más que el gasoducto).
El dimensionamiento propuesto para el gasoducto permite abastecer Balears hasta 2014. Posteriormente se deberían ampliar las capacidades de compresión, pero con inversiones «marginales» en relación a la inicial, según el Ministerio. La planta de regasificación depende de la disponibilidad de terrenos e infraestructuras posteriores (se calculan una superficie necesaria de 100.000 m2, 7.000 u 8.000 para el gasoducto) y un tanque con una capacidad de 150.000 m3. Las plantas permitirían abastecer las Islas durante los primeros cinco años. Posteriormente habría que instalar equipos adicionales.
En cuanto a un cable eléctrico Península-Eivissa-Mallorca, los costes varían en función de la distancia entre las conexiones islas-continente. De cuatro opciones, dos son más caras y dos son más baratas que el gasoducto, pero hay un problema: el cable no trae gas. Los gobiernos central y autonómico coinciden con la Comisión Nacional de la Energía en la necesidad de conectar Balears al gas de la Península.
El Colegio de Ingenieros Industriales de Balears, que también considera necesaria la llegada del gas en breve, recomienda igualmente el cable porque sustituiría la generación insular por peninsular, reduciría las compensaciones del Estado al sobrecoste energético insular (unos 49 millones de euros anuales), aproximaría el coste del kilovatio/hora al de la Península, eliminaría la necesidad de nuevas centrales de producción eléctrica hasta 2015 y conectaría todas las Islas, mejorando la calidad del servicio ante fallos internos.