El Ayuntamiento de Santa Eulària entiende que la Norma Territorial Cautelar, aprobada por el Consell Insular el pasado 23 de julio de modificación de la anterior, es «ilegal» ya que la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) establece la aplicación de tan sólo una moratoria. El equipo de gobierno mantiene que ya se han aprobado tres (una el Govern y dos el Consell Insular). Por ello, ayer aprobó en pleno extraordinario, con el voto en contra de la oposición, presentar ante el Consell Insular siete alegaciones en contra de dicha norma, solicitar que no se apruebe definitivamente y, además, el levantamiento de la suspensión en la concesión de licencias.
El Pacte, por su parte, rechazó de lleno la batería de alegaciones propuestas por el equipo de gobierno salvo una de ellas. Los progresistas, al igual que el PP, consideran que la nueva moratoria no debería prohibir la concesión de licencias de obra en los llamados 'falsos urbanos' (Cala Pada o es Canar, por ejemplo) siempre y cuando sean para acometer obras de reforma y mejora de la seguridad de los edificios ya consolidados, no así su ampliación. El Pacte presentó ante el plenario una alegación para que se corrija este apartado de la renovada moratoria.
Este mismo punto ha creado al equipo de gobierno un mar de dudas. «Se trata de zonas plenamente desarrolladas y no sabemos qué ocurrirá con las obras precisas de seguridad, higiene y salubridad en las edificaciones ya existentes», cuestionó, entre otras muchas cosas, el teniente de alcalde, Vicent Riera. Asimismo, el equipo de gobierno alega en contra de la moratoria que se «crean inmotivadamente, al margen de la vía legalmente establecida, nuevas áreas de protección [Anei y Arip]» en suelo rústico y se modifican las superficies mínimas para la edificación residencial unifamiliar en los suelos declarados Arip a través de «un instrumento inadecuado para ello».
El Pacte, por su parte, defiende esta parte del articulado, ya que sirve para proteger de forma transitoria el territorio, limitando las posibilidades de construcción hasta la aprobación definitiva del PTI, que será el instrumento válido para ordenar el urbanismo en la isla. El Ayuntamiento entiende que el Consell Insular infringe la ley al aprobar una nueva moratoria (la segunda), en contra de lo que dice la LOT. El Pacte tacha de falso este argumento ya que, según su portavoz, Carlos Salinas, no se trata de una nueva norma, sino de «la modificación de la anterior». «La ley prevé que se pueda modificar durante la tramitación del PTI y, además, está suficientemente justificada», indicó después de remarcar que el informe jurídico del Ayuntamiento no está firmado por nadie. «No sabemos quién lo ha hecho», apuntó también la edil del Grupo Mixto, Estela Bence. «Lo firma el equipo de gobierno», corrigió al instante el alcalde, Vicent Guasch.