El conseller del grupo mixto Joan Buades ha remitido un escrito al Consell en el que no aclara la situación laboral y de la Seguridad Social en que se encuentra su 'asesor', Jesús Miguel García Varela, que «comenzó a trabajar» como tal el lunes 12 de junio de 2000. La sección de Personal de la institución solicitó hace cuatro días a Buades que explicara qué tipo de relación une a García con su grupo y si está dado de alta en la Seguridad Social. García Varela no tiene contrato con el grupo mixto ni con Els Verds y no es militante de esa formación ni está dado de alta en la Seguridad Social. Según Buades colabora a título personal y de manera altruista, sin ánimo de lucro, aunque en una entrevista con este periódico admitió que cobraba por «trabajo hecho».
En vez de aclarar esa situación laboral, el conseller contraataca en su escrito con detalles técnicos: por ejemplo, observa una «falsificación documental» cuando compara entre el escrito dirigido a él y el que fue remitido a García; también considera «improcedente» que se le pregunte por la situación de su 'asesor', «porque supone una injerencia en el funcionamiento interno de un grupo político».
Asimismo, Buades hace constar en el documento que ni Presidència ni el Conseller de Règim Intern ni el departamento de Personal «pueden inmiscuirse en las relaciones de los grupos políticos de la Corporación con las personas que colaboran, porque no es de su competencia». En vez de dar explicaciones, el conseller quiere ahora que se le den copias de todos los informes, actos y antecedentes que hayan llevado al Consell a ordenar la apertura de diligencias informativas, especialmente de la jurisprudencia y del informe jurídico «que avale que la situación de colaboración dentro de un grupo político es susceptible de ser incorporado en un requerimiento de Règim Intern y asimilable al ámbito de Personal».
Informado sobre el escrito, el diputado de Esquerra Unida Miquel Ramon dijo que «Buades muestra una chulería intolerable» y una «falta de respeto hacia el electorado y el Consell». Ramon recordó que la institución otorga determinadas cantidades a cada grupo para que sus trabajadores tengan contrato: «Dado que Joan Buades no da explicaciones, el equipo de Gobierno debe transmitir la situación a la inspección de trabajo para que actúe».