El concejal progresista Carlos Salinas expresó ayer su satisfacción porque la Fiscalía haya decidido que el juzgado debe seguir investigando la trama urbanística que opera en Can Castelló. El fiscal ha detectado indicios de delito, y, de momento, ha solicitado que tres personas declararen como imputadas y 15 como testigos, entre ellas el alcalde y el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicent Guasch y Vicent Riera, respectivamente.
En el escrito del fiscal sólo hay, para Salinas, un motivo de decepción: «Que no se haya imputado a ningún cargo político, como el alcalde, que era quien firmaba y autorizaba las licencias menores», que en algunos casos se dieron cinco días antes de que se firmara el decreto de alcaldía correspondiente. El edil progresista desea que «en el transcurso de las diligencias se aclaren las conexiones entre el PP, el alcalde y la trama que construye viviendas en Santa Eulària sin licencia y sin las superficies necesarias». «Por fin "añadió" en Santa Eulària se ha descubierto el sistema que emplea el PP para dejar construir. Se ha abierto la brecha. Ya no son casos aislados, es algo cotidiano».