«Ha sido el PP el que ha elaborado y aprobado el Régimen Especial, y el que lo está ejecutando y lo seguirá aplicando en el futuro». De esta manera, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quiere zanjar la polémica que provocaron sus declaraciones del pasado viernes en Formentor, en las que cuestionó la necesidad de desarrollar el Régimen Especial. En declaraciones a este periódico, Rato declaró que «el Régimen Especial es una ley vigente, aprobada la pasada legislatura cuando yo era ministro de Economía, a propuesta del PP balear, con la oposición del PSOE, para compensar los problemas de insularidad, mejorar la competitividad de las Islas y, por supuesto, la calidad de vida de los ciudadanos».
«Por lo tanto "añadió Rato" nunca hemos tenido ninguna duda sobre los problemas y necesidades de Balears, muchos de ellos motivados por su condición de insularidad, pero al mismo tiempo quiero resaltar que nadie ha hecho tanto en el pasado, en el presente, y lo seguiremos haciendo en el futuro, para solucionar estos problemas y atender estas necesidades». El vicepresidente del Gobierno recalcó a Ultima Hora que «el actual sistema de financiación autonómica ha mejorado de manera significativa la financiación de la Comunitat Autònoma para poder hacer frente a las necesidades en los campos de la sanidad y de las infraestructuras y equipararlos con el resto de España».
«En estos momentos Balears "opinó Rato" dispone de unos fondos procedentes del Estado que han experimentado un incremento más que notable, cuya gestión depende en exclusiva del gobierno autonómico, que considero que también debe formar parte del debate. Hay que añadir el esfuerzo inversor del Gobierno central para invertir en carreteras, mejorar el medio ambiente, y el Plan Hidrológico nacional. Hemos puesto en marcha un sistema de financiación autonómica, acordado con el PSOE, que supone que cada año el Gobierno balear recibirá en general más de 156'26 millones de euros adicionales para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y lógicamente es al Gobierno balear a quien corresponde decir qué destino le da a este dinero».