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Sant Joan asegura que el Pacte vulnera el derecho a la propiedad privada

El alcalde Antoni Marí,Carraca, arremetió ayer con dureza contra la política territorial progresista durante la celebración del Día de la Constitución

El alcalde de Sant Joan, al fondo de la imagen, en el momento de pronunciar su discurso.

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El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, se rebeló en el día de conmemoración de la Constitución y denunció públicamente que en su municipio se vulnera el derecho a la propiedad privada, en contra de lo que establece la Carta Magna.

El discurso de Antoni Marí, del PP, fue muy crítico con la política territorial del Pacte. «Los derechos que garantiza la Constitución no siempre se han respetado. Eso también lo sufre Sant Joan, donde se vulnera la propiedad privada, que es un derecho previamente adquirido por los ciudadanos. Se vulnera el derecho al desarrollo social y económico con prohibiciones y restricciones que atentan contra la libertad y garantías que establece la Constitución», subrayó ante la sorpresa de las autoridades presentes en el acto, que este año se celebró en un abarrotado salón de plenos del colegio de Sant Joan .

El alcalde cerró su controvertido discurso (muy aplaudido por todos los asistentes) pidiendo consenso y sentido común a los que gobiernan para «llegar a un acuerdo en lo que afecta a la libertad de los ciudadanos». Por su parte, el senador por las Pitiüses, Enrique Fajarnés, pidió en su discurso que los municipios más tradicionales puedan progresar como el resto: «Reclamo como ciudadano el derecho constitucional a que los pueblos de la pagesia no sean discriminados».

Las últimas palabras de Fajarnés fueron para el Rey: «Quiero renovar mi lealtad al Rey aunque haya políticos que no lo quieran», zanjó en alusión a la polémica del Parlament. La presidenta del Consell, Pilar Costa, exigió una vez más en su discurso el cumplimiento del Régimen Especial para Balears (REB). «Hay que adoptar medidas para compensar las desventajas de la insularidad. Es una obligación que establece la Constitución y la gran mayoría de los ciudadanos percibe, después de 24 años de democracia y la existencia de un REB en vigor, que no se han dado muchos pasos para compensar el problema del transporte o la competencia empresarial».

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