El Ayuntamiento de Santa Eulària admite en un informe de fecha 20 de febrero de 2002 la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) donde se «afirma la nulidad» del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), pero no por ello la institución reconoce que sea «nulo de pleno derecho», al contrario de lo que interpreta la jueza Carmen Frígola en el auto que redactó el 14 de diciembre de 2002 por el que acordó la suspensión cautelar de la segregación y parcelación de ses Torres concedida por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2001. Este auto incluía la posibilidad de que Lloma Talamanca interpusiera recurso de apelación, como al parecer ha hecho la sociedad limitada.
En el tercer punto de los fundamentos de derecho de ese auto, la magistrada asegura que la nulidad de esa herramienta urbanística era reconocida «por el propio» Consistorio en un documento incluido en el expediente administrativo, con número 82. En ese informe, remitido a una notaría y al que ha tenido acceso esta redacción, el Ayuntamiento detalla su postura sobre el caso ses Torres y advierte que las actuaciones municipales al respecto «han sido de manera injustificada, criticadas y perseguidas por determinados grupos políticos, en base a una sentencia judicial, que afirma que el PDSU de Santa Eulària del Río es nulo de pleno derecho».
En el documento, firmado por el alcalde, Vicent Guasch, se hace constar, no obstante, que si bien la sentencia afirma la nulidad de dicho instrumento «no declara su nulidad expresa». Bien al contrario, el Ayuntamiento se reafirma en ese escrito en que «intentará con todos los medios legales a su alcance [hacer] valer su postura, contraria a todos aquellos que cuestionen la legalidad de dicha urbanización, y defenderá la legalidad y procedimiento administrativo seguido en la Urbanizición ses Torres».
El informe del Consistorio se elaboró cuando los propietarios de ses Torres emplazaron a los compradores de las parcelas a que el 22 de febrero formalizaran las escrituras públicas de compraventa. Según el escrito rubricado por el alcalde, no existía por parte del Ayuntamiento «impedimento alguno» para que se procediera a la formalización de esos documentos.