Las listas de espera para los procesos quirúrgicos en Balears serán de un máximo de 180 días -seis meses- y se centralizará en un registro conjunto que los pacientes podrán consultar en el Servei de salut de Balears (IB-Salut), según explicó ayer la consellera de Salut i Consum del Govern, Aina Salom.
Salom presentó ayer la 'Normativa de garantia dels temps màxims de resposta de l'atención quirúrgica', que se publicó el 1 de enero en el BOIB y que la consellera espera que pueda aprobarse en un plazo de «seis o siete semanas», al mismo tiempo que la Llei de Salut que se halla en fase de tramitación parlamentaria.
El decreto garantiza un tiempo límite de 180 días de espera para un proceso quirúrgico, y en caso de superarse el Ib-Salut ofrecerá al paciente otros centros sanitarios alternativos, públicos, concertados o privados, donde puedan llevar a cabo su operación, cuyos gastos serán reintegrados por la Conselleria. «El paciente elegirá si quiere operarse en otro centro o esperar un mes más, en caso de superarse el límite», dijo Salom.
La consellera calificó el decreto de «derecho social» y dijo que «hoy por hoy el IB-Salut puede afrontar y cubrir este plazo máximo de seis meses para intervenciones quirúrgicas sin tener que recurrir a estas alternativas», acompañada de Juli Fuster, gerente del IB-Salut; Pablo Rivero, director general de Planificació i Finançament y de Gabriel Payeras, secretario general técnico de la Conselleria de Salut.
En caso de no cumplirse la normativa con los 180 días previsto como máximo, no se descarta ampliar horarios de quirófanos y aumentar los recursos disponibles, tanto técnicos como humanos, señaló el gerente del IB-Salut, Juli Fuster. Los 180 días empezarán a contar a partir de la inscripción del paciente en el registro de demanda quirúrgica, y se incluyen todos los procesos quirúrgicos derivados de patologías, en total unos 700, comentó el director general de Planificació i Finançament, Pablo Rivero.
«Desde el año 2000 ya pedíamos un decreto como éste al Ministerio de Sanidad, y ahora, junto a las comunidades socialistas de Castilla La Mancha, Andalucía y Aragón, somos las únicas autonomías que disponemos de esta normativa, que responde a la demanda del Defensor del Pueblo», dijo la consellera de Salut i Consum, Aina Salom.