La Conselleria de Turisme deberá redactar antes del próximo 15 de marzo un «nuevo Plan de Inspección Turística efectivo» para erradicar el elevado nivel de oferta ilegal existente en el sector, tal como se recoge en el texto de una moción presentada por el grupo mixto que ayer fue aprobada en el pleno ordinario del Consell con el voto favorable del grupo popular y la abstención del Pacte. El objeto de la moción aprobada es acabar con una oferta ilegal que en un informe de la Federación Empresarial Hotelera pitiusa se cifra en un 40 por ciento de la total. El plan deberá presentarse a la Mesa de Turismo, primero, y al pleno, después, para su aprobación.
Al texto de esa iniciativa se sumó un tercer punto aportado por el conseller popular Pere Palau: la Conselleria pedirá el apoyo del Govern y del Ministerio de Hacienda «para que la persecución del fraude sea más efectiva». El conseller del grupo mixto, Joan Buades, valoró que el PP reconociera la existencia de ese problema, «un clamor» que según Palau «hay que erradicar».
El conseller insular de Turisme, Josep Marí Ribas, dijo no estar de acuerdo con las críticas vertidas contra la labor de inspección turística llevada a cabo durante los últimos años, que calificó de «efectiva»: «El nivel de expedientes sancionadores y de inspecciones -dijo- habla por sí solo». En este sentido indicó que desde el bienio 1997/98 hasta el de 2001/02 se han duplicado las actuaciones inspectoras: 1.325 en el primero, 2.004 en el de 1999-2000, y 2.829 en el correspondiente a 2001/02.
La recaudación por sanciones también ha aumentado considerablemente desde entonces y se ha pasado de las 800.000 pesetas de 1997 a los 28,3 millones de pesetas de 2001 y los 80.000 euros en 2002, aunque la institución aún tiene pendiente por cobrar 180.000 euros. Buades consideró ridículas esas cantidades.
Por otra parte, el Consell celebrará antes de finales de febrero su primer debate sobre el estado de las Pitiüses, según acordaron ayer por unanimidad todos los grupos a propuesta del mixto. Diez días después se celebrará otro pleno extraordinario donde los partidos puedan presentar propuestas de resolución. El vicepresidente del Consell, Vicent Tur, explicó que si los progresistas votaban a favor de la moción era por dos razones: por cuestiones ideológicas (por el convencimiento «democrático» de que el debate siempre es bueno para la salud política) y pragmáticas (porque de todos modos Buades contaría con el voto favorable del grupo popular). No obstante, Tur argumentó que el artículo 17 de la ley de Consells, que esgrimió Buades para solicitar la convocatoria de debate, «no es de aplicación directa». Buades le reprochó que no lo votara «con ilusión».