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La Audiencia Nacional suspende ahora la extracción de arena en sa Talaia

Da la razón al Govern de que el Gobierno necesitaba antes un estudio de impacto ambiental

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La Audiencia Nacional emitió un auto el pasado 27 de febrero en el que ordena la suspensión de la extracción de arena del banco de sa Talaia. Este mandato judicial, no obstante, no llega a tiempo para detener, tal y como pretendía hace casi un año la Conselleria de Medi Ambient del Govern, los trabajos de dragado y vertido de arena en las playas de las Pitiüses que acometió el Ministerio de Medio Ambiente antes del verano pasado para reponer los daños provocados por el temporal de noviembre de 2001.

El auto reconoce que la extracción de arena de sa Talaia no se puede llevar a cabo sin el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. El Gobierno informó el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que el dragado de sa Talaia no precisaba de dicho informe, que en ese momento aún estaba en vía de elaboración. La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, aseguró ayer en Eivissa que pese a que no se consiguió paralizar la obra la importancia del auto radica en que el Gobierno no podrá echar mano del 1,4 millones de metros cúbicos arena que aún queda en el banco de sa Talaia. Para regenerar el año pasado las playas de es Figueral, Aigua Blanca y s'Arenal, aparte de las pequeñas actuaciones que hicieron en muchas otras, se utilizaron 110.000 metros cúbicos de arena. «La extracción no tenía cobertura legal y, por tanto, no se podía realizar», indicó.

Por su parte, el director general de Litoral del Govern, Onofre Rullán, recalcó la importancia que supone conseguir que los tribunales ordenen una suspensión en contra de una acción del Estado. «Es el primer caso que yo conozco», dijo. Paralelamente, la Conselleria de Medi Ambient interpuso un contencioso administrativo en contra del Ministerio aún pendiente de resolución, en el cual presentó pruebas que demostraban que el 30 por ciento del área dragada estaba fuera del área acotada por los científicos para preservar las praderas de Posidonia. Rosselló recordó que la Unión Europea también abrió un expediente de infracción contra el Gobierno por la regeneración de las playas pitiusas.

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