Santiago Lucas, abogado de los dos vecinos que pasaron ayer la tercera noche encerrados en sus viviendas, de las que fueron desalojados en enero de 2001 (hace 29 meses) por los daños que le ocasionó el derrumbe del edificio colindante de Viajes Barceló, aseguró ayer que confía en que el juicio se pueda celebrar antes del fin del verano de este año y terminar así con el suplicio de sus clientes.
«Hay acopio de pruebas suficientes como para que se abra cuanto antes el juicio oral», señaló. Para el abogado, el Juzgado de Instrucción «ha efectuado una labor exquisita durante este tiempo» pero no puede decir lo mismo de la constructora que realizaba las obras que supuestamente provocaron el derrumbe, Saguri, y de la empresa propietaria del inmueble, Viajes Barceló, «que han abierto una serie de diligencias meramente dilatorias». Independientemente de la labor del Juzgado «es cierto que la actuación de los imputados está entorpeciendo que el procedimiento siga hacia adelante».
Si las empresas no hubiesen puesto tantos obstáculos al normal curso del procedimiento abreviado «a estas alturas ya se hubiese podido celebrar el juicio oral y habría sentencia del Juzgado de lo penal». En todos los casos «debe obrar la buena fe procesal de las partes» pero parece que en éste las empresas implicadas «no se dan cuenta de que hay varias familias afectadas que están en una situación infrahumana». El abogado señaló que se han dado separaciones matrimoniales y graves conflictos familiares derivados de la tensión que ha provocado a estas personas el hecho de estar sin casa durante más de dos años.