El equipo de gobierno progresista del Ayuntamiento de Eivissa se quedó ayer solo para aprobar de forma definitiva la relación de bienes y derechos de los propietarios de la antigua plaza de toros, acordar oficialmente la solicitud al Govern de la declaración de urgencia para llevar a cabo la expropiación de este edificio y ratificar la desestimación de las dos únicas alegaciones que se presentaron, en relación a la voluntad municipal de pedir al ejecutivo balear esta declaración de urgencia. El grupo municipal popular decidió abandonar el salón de plenos, nada más comenzar la sesión extraordinaria, y anunció su intención de interponer un recurso de reposición contra la convocatoria de este pleno. La portavoz de los populares, Virtudes Marí, aseguró que la ley electoral impide que, una vez finalizado el mandato, y hasta que no esté constituida válidamente la nueva corporación el próximo 14 de junio, ésta adopte funciones que superen la administración ordinaria. Marí aseguró que los temas que se abordaron ayer excedieron claramente este ámbito y acusó al equipo de gobierno de ser un 'irresponsable' al no esperar hasta el 16 de junio para convocar el pleno, y llevarlo a cabo ayer arriesgándose a que en un futuro los acuerdos adoptados sean declarados nulos por los tribunales en caso de que algún propietario recurriera.
Por su parte, el Pacte aseguró que tanto la convocatoria como las propuestas que se llevaron a pleno estaban dentro del ámbito de la administración ordinaria y pidió la intervención de la secretaria como técnica jurídica para ratificarlo. El concejal de Urbanismo, Joan Bonet, afirmó que la urgencia del tema justificaba la convocatoria y aseguró que la decisión del Govern sobre la declaración de urgencia no es recurrible, «con lo cual no se dará el caso de que un posible recurso pueda paralizar el trámite».