El Consell Insular pretende levantar la orden que prohíbe cazar los domingos en las zonas libres. Así lo acordó ayer la Comisión de Gobierno de la institución, que ha remitido una carta al conseller balear de Medio Ambiente, Jaume Font, para que modifique la normativa aprobada por el anterior gobierno del Pacte.
Para el gobierno de Palau, según explicó su vicepresidente y portavoz, Enrique Fajarnés, esta prohibición supone «un agravio comparativo» para los cazadores que no disponen de un coto privado, y que, por ello, se ven privados de ejercer esta actividad durante los domingos. «Pedimos a Govern que restaure la normalidad y cambie esta normativa», aseguró ayer en rueda de prensa Fajarnés.
Por otro lado, la Comisión de Gobierno dio ayer luz verde a la apertura de un nuevo agroturismo en la finca de Can Gasparó, en Sant Rafel. Este nuevo establecimiento turístico, denominado Can Lluc, amplía la oferta de alojamientos rurales de las Pitiüses con 12 habitaciones.
De la misma manera, el Consell también aprobó ayer la apertura de 11 bungalows (33 plazas), bajo el nombre de Vistabella, en Benimussa, Sant Josep, y la baja de los apartamentos Ancos y sa Serra de Los Pinos, en Sant Antoni, y sa Barda, en Formentera. Fajarnés aseguró que la solicitud de permiso de apertura del Vistabella es antiguo, y que en ningún caso vulnera la normativa turística que fija un cupo de plazas turísticas específico para la isla.
Otro de los asuntos que despachó la Comisión de Gobierno, según informó Fajarnés, fue la convocatoria del Plan Insular de Obras y Servicios (Pios) del año que viene. El Consell ha remitido una carta a todos los ayuntamientos de las Pitiüses en la que les informa de que el primer plazo de presentación de los proyectos financiables con este plan se agota el día 20 de este mes. El Consell hasta ahora ha dado prioridad a la financiación de las obras de saneamiento y suministro de agua, entre otras.
Asimismo, el Consell Insular se ha visto obligado a modificar el proyecto de construcción del polideportivo de Can Coix, en Sant Antoni. La excavación para instalar los cimientos va a tener que ser más profunda de lo que en un principio se tenía previsto, según explicó el vicepresidente segundo de la institución y conseller de Medio Ambiente, Josep Mayans. Por ello, ayer se acordó variar el proyecto, así como su dotación económica y su plazo de ejecución. El proyecto, presupuestado en 2,4 millones de euros, disponía inicialmente de un plazo de ejecución de 14 meses.