Herbusa, la empresa que gestiona el vertedero, reitera que no ha podido acometer antes la reforma de las instalaciones de ca na Putxa porque ni el Ayuntamiento de Santa Eulària, ni el Consell Insular, ni el Govern balear les ha autorizado a ello. Por eso, el domingo presentaron ante el Juzgado de instrucción número uno un recurso de forma en contra de la resolución dictada por el juez la pasada semana por medio de la cual ordena a Herbusa a abonar en cinco días una fianza de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) para responder a las obras de reforma de ca na Putxa, así como el inicio de su ejecución en un plazo de dos meses.
El gerente de Herbusa, Antoni Ribas, al que el juez también imputa en la causa que se instruye por un posible delito ecológico, aseguró ayer en rueda de prensa que la empresa «no puede sentirse responsable del problema» ya que en los últimos años ha pedido en repetidas veces a las tres administraciones permiso para ejecutar obras de mejora de ca na Putxa necesarias para cumplir la normativa y que hasta ahora nunca había obtenido respuesta. «Es curioso que no se nos deje hacer nada y después se nos haga responsables de ello», subrayó.
Recordó que nunca se autorizó nada con la excusa de la redacción de un Plan Director Sectorial, que el Ejecutivo autonómico inició sin suerte en varias ocasiones.
Ribas, que compareció ante la prensa acompañado por el propietario de Herbusa, Vicente Bufí, indicó que, de todos modos, la empresa ha llevado a cabo mejoras de las instalaciones pese a no contar con permiso para ello, como la puesta en marcha de un sistema de combustión de biogas y captación de lixiviados. «Herbusa ha hecho todo lo que estaba de su mano y, si no ha hecho más, es porque no le han dejado. No se puede decir que la empresa ha mantenido una actitud pasiva», insistió Ribas.