Sin embargo, el también concejal de Gobernación aclaró que por el momento no ha tenido oportunidad de estudiar el documento con lo cual prefirió no pronunciarse sobre el tema, por ahora, hasta ponerse en contacto con el alcalde de Sant Antoni, José Sala, que desde el viernes se encuentra fuera de la isla y al que este periódico no pudo localizar durante la jornada de ayer.Únicamente Pantaleoni apuntó que «está claro que la ley habrá que cumplirla pero al Ayuntamiento tampoco le interesa tener que pagar una millonada, algo que tampoco está claro todavía que ocurra».
Tampoco la concejala de Urbanismo, Josefa Costa, quiso hacer declaraciones, a la espera de que la próxima semana el equipo de gobierno al completo analice la situación en profundidad y tome una decisión conjunta. La edil sí quiso dejar claro que la corporación municipal tiene, ante todo, que «defender a los contribuyentes de Sant Antoni» ante las posibles indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Consistorio. Si el derribo de la casa ya repercutirá notablemente en las arcas municipales, las consecuencias para el Ayuntamiento pueden ser todavía más graves si la empresa Baloo Music, del artista Michel Cretu, decide reclamar ante los tribunales el coste de la mansión, que ocupa una superficie de 1.075 m y está valorada en 6,9 millones de euros, es decir, más de 1.000 millones de pesetas.
El auto emitido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma de Mallorca es consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba el recurso presentado por Baloo Music para evitar la demolición de la mansión, como establecía en una sentencia de 2002 el Tribunal Superior de Justicia.