El equipo de gobierno del Consell, del PP, se comprometió ayer ante el pleno, a petición de la oposición, a instar al Govern balear a que negocie con el Ministerio de Fomento y con las compañías aéreas la obligatoriedad de mantener las tarifas promocionales con la declaración del servicio público de los vuelos, así como que Spanair siga operando en las conexiones entre islas. El PP votó a favor de la moción presentada por el Pacte, pero el conseller insular de Interior, Indústria i Comerç, Diego Guasch, defendió que la «propuesta aprobada no añade nada nuevo». Guasch recordó que, tal como dijo la consellera balear de Transports, Mabel Cabrer, la pasada semana en Eivissa, cuando entre en funcionamiento el servicio público de los vuelos el 75 por ciento de las plazas de la aeronave tendrán la reducción anunciada (48 euros para los residentes) y el 25 por ciento restante se reservará para tarifas promocionales con un 25 por ciento de descuento añadido. El conseller insular también señaló que hasta ahora la oferta de tarifas mini convencional sólo abarcaba el 5 por ciento de las plazas de los vuelos.
La portavoz de la oposición, Pilar Costa, recalcó, por su parte, que el acuerdo adoptado «debe cumplirse» y que con la desaparición de las tarifas de promoción una «pareja que viaje con dos menores de 12 años pagará más cuando se declare el servicio público». «Este servicio nos parece cojo e insuficiente», añadió. Guasch, para cerrar el debate, se dio el gusto de poner a su partido la medalla por conseguir el servicio público, que se aprobará seguramente en los próximos días. «Estamos muy orgullosos de este éxito, que es del gobierno del PP. C'est la vie», zanjó el conseller.
El equipo de gobierno también votó sí a otra propuesta presentada por los progresistas para que también se inste al Ejecutivo autonómico a que exija al Gobierno central «el urgente e inmediato» cumplimiento del artículo 17 del Régimen Especial de Balears (REB). Este punto de la ley determina que el Gobierno tiene que becar a los estudiantes de Balears que deben cursar estudios universitarios no impartidos en la comunidad autónoma. La consellera insular de Educació, Carolina Torres, defendió que el plan de becas nacional ya establece bonificaciones para los universitarios de las islas. El Pacte, sin embargo, ve las cosas de manera bien distinta. «Mientras los estudiantes de las islas paguen una peseta más que los de la península para cursas una carrera no se cumplirá la ley», subrayó la consellera del Pacte Fanny Tur, que, además, lamentó la deficitaria política de becas del Gobierno central. «En la última convocatoria, 40.000 personas se quedaron sin la beca de movilidad», indicó.