M.A./E.R./N.D.
El presidente del Consell, Pere Palau, aseguró ayer que la nueva
normativa incluida por el Govern en la ley de acompañamiento de los
presupuestos de la comunidad «no está hecha para amnistiar a nadie
sino para legalizar las casas que quedan fuera de ordenación».
La normativa se aprobará en el pleno de la cámara balear el próximo 18 de diciembre y empezará a aplicarse después de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Este plazo, por tanto, excederá a los dos meses marcados para que se ejecute la sentencia de derribo de la mansión del magnate Michel Cretu.
El 'cajón de sastre' en que se ha convertido la ley de acompañamiento de presupuestos incorpora, además de la disposición que legaliza las viviendas ubicadas en zonas costeras con determinadas condiciones en Eivissa, cuestiones tan variadas como la legalización de las depuradoras y desaladoras que no tengan licencia municipal y la legalización de las instalaciones agropecuarias que tampoco tengan esta licencia, pero lleven al menos cinco años en funcionamiento. Estas dos disposiciones dejan de hecho a los ayuntamientos sin la competencia de conceder las licencias propias, algo que ya hizo el Pacte en materia de residuos. El proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Consell de Govern y remitido el miércoles al Parlament balear regula también la creación de la futura televisión pública, disuelve las cámaras agrarias, permite la construcción de viviendas unifamiliares en las Àreas Naturales de Especial Interés de Eivissa y Formentera y crea una reserva natural en esta última isla. Una de las temas más destacados es que los parques naturales de Cala d'Hort y Llevant sólo incluirán fincas públicas.