El alcalde de Sant Antoni tiene muy claro que dentro de los dos meses fijados por el juez no se va a comenzar a demoler la casa, al margen de la disposición adicional incluida en la ley de presupuestos de la comunidad para legalizar viviendas ilegales, incluida la mansión de Cretu, que aprobará el Parlament el próximo 18 de diciembre. «Es imposible», destaca y especifica a renglón seguido que para ejecutar una demolición hay que redactar un proyecto previo, entre otras cosas. «Nosotros entendemos que en un plazo de dos meses deben comenzar los trámites para ejecutar la sentencia», dice el primer edil. El plazo dado por el Tribunal Supremo de Justicia de Balears expira el 17 de diciembre.
El Consistorio tampoco dispone de los recursos económicos suficientes para hacer frente a la demolición de la mansión, por lo que piensa pedir al músico de Enigma que lleve a cabo el derribo por cuenta propia, aunque ello pueda repercutir después en la millonaria indemnización que éste pueda reclamar al Ayuntamiento, que durante el gobierno de Antoni Marí le dio una licencia de obra para levantar su casa.
Por su parte, Sala indicó que por el momento el Ayuntamiento, a la espera del informe jurídico, no tiene previsto incluir ninguna partida económica para el derribo de la mansión en los presupuestos del año que viene. «Ya llevamos tres meses trabajando en los presupuestos y la mayoría de las partidas ya están comprometidas. Aún no sabemos qué tenemos que hacer, y no podemos echar atrás acuerdos de pleno anteriores», justifica Sala.