El grupo municipal progresista del Ayuntamiento de Sant Antoni exigió ayer al alcalde, Josep Sala, que cumpla con la sentencia de demolición de la mansión de Michel Cretu dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears y corroborada por el Tribunal Supremo. El portavoz del Pacte de Sant Antoni, Joan Marí Serra, afirmó que no se puede permitir que una institución como el Consistorio se refugie en una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad balear para «no cumplir con su obligación» y eludir una sentencia firme, que los progresistas consideran «irrevocable», «desacreditando así a la corporación municipal y dejando en evidencia a todo el pueblo de Sant Antoni».
El grupo municipal progresista reiteró que el Consistorio no tiene que esperar a que se apruebe la normativa del Govern para hacer cumplir la sentencia y aseguró que se «está perdiendo mucho tiempo por parte de la corporación municipal, lo que puede suponer desacato al Tribunal Superior de Justicia». Asimismo, consideró que si el equipo de gobierno se ampara en la disposición de Ejecutivo autonómico para no llevar a cabo la demolición «el Ayuntamiento perderá credibilidad» y añadió que «se ve un interés fuera de lugar por parte del PP y del primer edil de Sant Antoni para intentar legalizar algo que no es legalizable en ninguno de los casos».
Por otra parte, Marí Serra, instó al alcalde a que inicie las actuaciones necesarias, tanto políticas como judiciales, «para evitar que la negligencia de algunos la tenga que pagar el Ayuntamiento y consecuentemente los habitantes de Sant Antoni». En este sentido, criticó la actitud que mantiene «el alcalde y todo el equipo de gobierno al no querer buscar a los responsables de esta situación» que para los progresistas «no son otros que los políticos que en 1996 otorgaron la licencia para esta mansión de Santa Agnès y los técnicos que la informaron favorablemente».