El portavoz del Pacte de Sant Antoni, Joan Marí Serra, afirmó también que no se puede permitir que una institución como el Consistorio se refugie en una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad balear para «no cumplir con su obligación» y eludir una sentencia firme, que los progresistas consideran «irrevocable».
Las «presuntas modificaciones legales», según Sala, a las que Serra alude en su escrito «no han sido tomadas en consideración en las actuaciones emprendidas» y, si se producen, «se actuará en consecuencia con los asesoramientos jurídicos».
A juicio de Sala, el Pacte promueve la apertura de otras investigaciones paralelas «con fines exclusivamente políticos para crear confusión en la ciudadanía y sin tener en cuenta los intereses de Sant Antoni».
El alcalde actual se muestra convencido de que los políticos implicados en el caso actuaron al amparo de informes técnicos y remarca que estos técnicos «emitieron pareceres fundados en el derecho y de discutida interpretación, de modo que ni a unos ni a otros podrán exigirles responsabilidad alguna» y serán los ciudadanos de Sant Antoni «los que tendrán que afrontar las consecuencias que se deriven de la ejecución de la Sentencia».