El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) critica el acuerdo adoptado el viernes por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni de comunicar a Michel Cretu que dispone de un plazo de tres meses (90 días) para presentar un proyecto de demolición de su mansión, tal como avanzó ayer este periódico, en cumplimiento de la sentencia del TSJB. Los ecologistas entienden que se trata de «una medida dilatoria» para retrasar la ejecución de la sentencia, según aseguró ayer el presidente del GEN, Juan Carlos Palerm. «El Ayuntamiento es quién debe echar abajo la casa en el plazo de dos meses fijado por el juez», indicó.
Cretu seguramente recurrirá la resolución de la comisión de gobierno, lo que abrirá un proceso judicial paralelo entre el Consistorio y la propiedad que podría posponer considerablemente el derrumbe de la vivienda. «La ejecución de una sentencia es un procedimiento independiente que tiene muchas otras connotaciones distintas a lo que es la anulación de la sentencia», justificó a este periódico el alcalde de Sant Antoni, José Sala.
Para tratar de evitar que la demolición quede pendiente de un nuevo proceso judicial, el GEN, cuando se cumplan los dos meses previstos en la sentencia (el próximo día 18), reclamará ante los tribunales «la ejecución forzosa de la demolición» para que la lleve a cabo de forma subsidiaria.
Sanción económica
Palerm advierte al Consistorio de que si el día 18 no se ha
iniciado la demolición del inmueble puede incurrir en un delito
penal por desobediencia, aparte de la sanción económica progresiva
que el juez pueden imponer al Consistorio hasta el cumplimiento de
la sentencia.
El grupo ecologista también descarta la posibilidad de que Cretu pueda legalizar su casa a través de la disposición adicional incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma supuestamente para evitar el derrumbe y la ruina de las arcas municipales. No obstante, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, lo ve de forma diametralmente opuesta: «Me imagino que el propietario se querrá acoger a esta posibilidad para legalizarla».