El Parlament balear aprobó ayer la ley de medidas tributarias y administrativas de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad para 2004, que, entre otros puntos, incluye una enmienda para legalizar la mansión de Cretu, en Santa Agnès y la supresión de las fincas privadas del parque natural de Cala d'Hort .
La aprobación se produjo gracias a los 33 votos de la mayoría del PP y de UM, en el grupo mixto, tras el rechazo de las enmiendas parciales presentadas por PSOE, PSM y EU-EV, cuyos 25 sufragios no bastaron para la sanción de sus propuestas.
La protección de las áreas naturales fue el punto central del intercambio de opiniones, en el que PSOE, PSM y EU-EV acusaron al Govern del PP de «desproteger» y deshacerse del patrimonio de la Comunidad en parques naturales. Los portavoces de la oposición también acusaron al PP de practicar un «urbanismo a la carta» y de favorecer el incumplimiento de sentencias judiciales como la referida a la demolición de la casa del músico rumano Michel Cretu.
Por su parte, la representante del PP, Maria Salom, justificó las reformas en la normativa territorial en la necesidad de aclarar el panorama legal que afecta a los espacios naturales y, por otra parte, prometió que su partido realizará una «mejor gestión» de los parques a través de empresas públicas.
Los populares también aprobaron una enmienda para mantener la normativa del parque natural de Cala d'Hort hasta la aprobación de una figura nueva de protección y evitar así la posibilidad de que Calas del Mediterráneo pueda construir un campo de golf frente al islote de es Vedrà.
Por otro lado, el portavoz adjunto del grupo del PSOE en el Parlament balear, Francesc Quetglas, anunció que su formación planteará la impugnación de la ley de acompañamiento de los presupuestos por «inconstitucional». Quetglas indicó que el PSOE «impulsará», con «todas las limitaciones» que representa este empeño para un grupo parlamentario autonómico pero con todas sus fuerzas, la impugnación de una ley que «es negativa» y que «a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional» es contraria a la Carta Magna. El diputado argumentó la presunta inconstitucionalidad de esta ley por la modificación que supone de una veintena de normativas, con prescripciones que «nada tienen que ver con la gestión presupuestaria».