Los propietarios de los apartamentos turísticos «Dunas Playa» de Formentera, el mallorquín Juan F., de 54 años, y sus hijos Bartolomé y Pedro, de 24 y 26 años respectivamente, serán juzgados por la Audiencia Provincial por la agresión que sufrieron el ex concejal de Urbanismo, José Ramón Mateos, dos policías locales y un aparejador municipal cuando el 8 de mayo de 2002 se presentaron en el citado establecimiento para precintarlo parcialmente. El fiscal pide para todos ellos penas que en su conjunto suman los once años de prisión.
El juicio está previsto que se celebre el próximo día 17, justo tres días después de que se hayan celebrado las elecciones generales en las que José Ramón Mateos se presentan como número tres del PSOE en las listas de Balears para el Congreso.
Los tres imputados están acusados formalmente de la comisión de un presunto delito de atentado. El escrito fiscal recoge la especial gravedad de los hechos no sólo por el supuesto ataque que sufrieron dos policías locales y el aparejador del Ayuntamiento de Formentera sino también por la condición de concejal que entonces tenía José Ramón Mateos.
La principal pena, de cinco años, se pide para Juan F., mientras para cada uno de sus hijos se reclama una condena de hasta tres años de cárcel.
La presunta agresión se produjo a primeras horas de la tarde del 8 de mayo de 2002 después de que se fuera a ejecutar un precinto por «reiteradas infracciones urbanísticas». Entre éstas se incluían «obras realizadas en terrenos de dominio público denegadas por Costas», según informaron desde el departamento de obras del Ayuntamiento de Formentera. El precinto se iba a llevar a cabo concretamente en el bar restaurante, en la cocina y en la recepción de los apartamentos, todo ello después de que en las primeras dos zonas se construyeran pérgolas «sin ninguna licencia municipal», explicaron las mismas fuentes. Los ahora acusados, por su parte, también emprendieron en su día acciones legales contra Mateos y contra el ex alcalde Isidor Torres al denunciarles por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental. Por este hecho ambos cargos tuvieron que declarar en el juzgado en calidad de imputados un año después de producirse el precinto en el «Dunas Playa».