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CiU presionará en el Congreso para que se retiren los proyectos de autovía

También solicitará la revisión del convenio y autonomía total para gestionar desde Eivissa las inversiones

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Convergència i Unió (CiU), la tercera fuerza política nacional, con 10 diputados en el Congreso de los Diputados, presionará en la Cámara baja para la revisión del convenio estatal de carreteras para Balears y, con ello, la eliminación de los proyectos de autovía para Eivissa. Lo anunció ayer el diputado nacional de CiU Jordi Xuclà, que viajó a Eivissa para apoyar la candidatura electoral de Galeuska-Pobles d'Europa de la que forman parte junto al PNV, BNG y la Entesa Nacionalista i Ecologista de Eivissa.

Para empezar, Xuclà ha dado entrada en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para «forzar» que éste tome una posición sobre la ejecución de los proyectos de carreteras. En función de ello, según explicó Xuclà, el grupo parlamentario adoptará «otras medidas», que serán la presentación de propuestas no de ley. Xuclà aseguró que confía contar también con el PNV y otros grupos para que apoyen esta iniciativa parlamentaria.

Concretamente, CiU solicitará al Gobierno central la revisión del plan de carreteras para Eivissa y autonomía total para que desde la isla se gestionen las inversiones previstas para la red viaria en dicho convenio. También plantearán, por otra parte, la retirada del plan director del aeropuerto de Eivissa. El diputado de CiU dijo estar «de acuerdo» con las manifestaciones de la ministra de Fomento de que hacen falta «menos carreteras y más ferrocarriles», aunque reconoció que no se puede extrapolar a Eivissa. En todo caso, Xuclà aseguró que el Gobierno debe «redimensionar la política de carreteras de la isla siguiendo criterios sostenibles». Por su parte, el diputado ibicenco por Balears Joan Boned, del PSOE, indicó que el Ministerio de Fomento, como parte del convenio estatal de carreteras, «impondrá condiciones a los proyectos previstos para Eivissa sin restar competencias al Govern balear». Boned recordó que el convenio se amplió el pasado 12 de marzo, dos días antes de las elecciones generales, de forma «rápida y precipitada», por lo que el Gobierno tiene intención de revisarlo.

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