La nueva norma da carta legal al contenido del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), declarado nulo por los tribunales, y, por ejemplo, califica como urbano el plan parcial de ses Torres, denunciado por Esquerra Unida ante los tribunales y cuyo proceso penal se mantiene abierto. La norma provisional incorpora, además, como suelo urbano el sistema dunar de Cala Nova donde se construyó un restaurante al amparo de una licencia municipal. El juez, a raíz de una denuncia presentada por Amics de la Terra, ordenó en su día paralizar esta construcción. Esta causa también sigue abierta.
El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicent Riera, defiende, en cambio, que esta norma es «más restrictiva que el PGOU», que, a su entender, era «demasiado desarrollista». Dice, además, que la normativa sólo contempla «el suelo urbano consolidado», sin dejar de lado que se trata de «una norma provisional». No obstante, el Pacte denuncia que el Consell ha admitido una alegación a la norma para calificar ahora como suelo urbano una masa boscosa de 50.000-60.000 metros cuadrados en can Fornet. El portavoz del Pacte en Santa Eulària, Carlos Salinas, apuntó que los promotores del terreno acometieron dos caminos en la zona, «supuestamente de manera ilegal», cuando se debatía si el PDSU era aplicable o no, para que ahora se pueda decir que la zona está consolidada. Por otra parte, la zona de Can Castelló se ha quedado fuera del ámbito urbano del municipio, por lo que el Ayuntamiento deberá reinicar los expedientes de infracción urbanística.
El Pacte también denuncia que a última hora el PP ha incluido en la norma una serie de prescripciones, una de ellas para proteger 15 edificaciones de la urbanización de Can Pep Simó mientras no se vuelva a iniciar de nuevo un expediente BIC. Cabe recordar que el gobierno insular del PP declaró recientemente la nulidad del BIC iniciado durante la época del Pacte.
Los progresistas entienden que estas modificaciones suponen un cambio sustancial de la norma que obliga a iniciar un nuevo periodo de exposición pública para que los afectados puedan presentar alegaciones. El Consell entiende, sin embargo, que ya se han seguido todos los pasos legales y que la aprobación definitiva de la norma provisional ni siquiera debe pasar por el pleno.