La juez asegura en el auto que el Ayuntamiento y el Consell incurren en una contradicción al reconocer, por una parte, «la tesis de nulidad en que incurre el PDSU», y que, por otra, a pesar de reconocer «esos defectos» abandone y «desista de la acción ejercitada que pretende destruir la licencia, porque es evidente que ello causa un perjuicio al interés general». «La obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística», recuerda el auto. Precisamente, la juez entiende que el Ayuntamiento debería haber «declarado la lesividad de aquella».
El gobierno insular del PP pidió a finales del año pasado su retirada del contencioso al amparo de un informe jurídico que justificaba que las nuevas normas subsidiarias del municipio califican como urbano el suelo de ses Torres. «Sería contradictorio mantener el recurso», decía entonces el presidente del Consell, Pere Palau. La oposición ha presentado una pregunta oral en el próximo pleno para que el presidente valore este auto. Curiosamente, el presidente dijo ayer que, «por respeto a la oposición», se reserva cualquier comentario hasta entonces.
Quien sí hizo valoraciones fue el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Eulària, Carlos Salinas, que aseguró que el equipo de gobierno, que recurrió sin suerte el primer auto, «no tiene vergüenza». «Si el PP tuviera vergüenza, después del duro varapalo, debería haber escondido las orejas y no recurrir nada», subrayó, para añadir a renglón seguido: «Como el dinero no es de ellos, sino de los ciudadanos, no tienen ningún inconveniente en gastarlo en recursos».
En su valoración, Salinas fue más allá y recalcó que en los duros argumentos empleados por la juez en el auto se «puede ver el final del contencioso», en alusión a una posible sentencia desfavorable a la concesión de la licencia. Por su parte, la portavoz del Pacte en el Consell, Pilar Costa, denunció «la falta de transparencia» del gobierno de Palau, que se ha negado en repetidas ocasiones a entregarle el auto, que es público y que data del mes de febrero. Finalmente, el Pacte, según Costa, tuvo que recurrir a otra vía para lograr una copia del auto.