El Consell aprobó ayer en pleno por unanimidad instar al Govern balear a que adapte la normativa del puerto de Sant Antoni a su realidad actual y permita así su funcionamiento. El conseller executiu de Presidència i Relacions Institucionals y alcalde de Sant Antoni, José Sala, reconoció a raíz de una moción presentada por el Pacte que la normativa que regula la actividad comercial del puerto se incumple sistemáticamente.
Indicó, de todos modos, que el decreto que regula su funcionamiento está «obsoleto» y que para que el puerto tenga plena actividad precisa de una modificación. El Pacte pedía en su propuesta que el Consell instara al Govern balear a velar por la legalidad de la actividad del puerto, a lo que se añadió, a petición de Sala, el cambio de la normativa, lo que contó con el beneplácito de los progresistas.
Los estibadores denunciaron recientemente que para evitar el pago de tasas en el puerto de Eivissa, que es de competencia estatal y, por tanto, de interés general, alguna compañía naviera lleva a cabo en Sant Antoni actividad de carga y descarga comercial prohibida por la normativa vigente desde el 95.
Sala entiende que la actividad comercial debe regularse de otra manera y reconoció ayer que para evitar el paso de vehículos pesados por el centro del pueblo el Ayuntamiento se plantea incorporar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el soterramiento de una salida hacia el norte por debajo de la calle Madrid. La empinada cuesta de esta vía dificulta el paso de los camiones, por lo que el equipo de gobierno de Sant Antoni baraja seriamente salvar este obstáculo con un túnel bajo tierra.