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El Pacte ve con buenos ojos la futura figura del Defensor del Territorio

Advierte de que debe ser elegido por una amplia mayoría para evitar que sea otro «cargo de confianza»

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El Grupo Progressista ve con bueno ojos la creación, por ley, de la figura del Defensor del Territorio, organismo independiente para el control del urbanismo en cada isla y que, según propone el PP, actuará de oficio en el caso de que los ayuntamientos o el Consell mantengan paralizadas alguna denuncia contra la ordenación del territorio. «Toda garantía de control urbanístico nos parece bien. No está mal esta propuesta, aunque de momento sólo se trata de una declaración de intenciones», indicó ayer a este periódico el conseller del Pacte Joan Boned.

El Partido Popular tramitará en el Parlament durante el próximo curso político esta propuesta de ley. Cuenta, para ello, con el apoyo de Unió Mallorquina (UM), su socio de gobierno. El presidente del Consell, Pere Palau, aseguró el lunes a este periódico que este compromiso se hará realidad esta misma legislatura.

El Defensor del Territorio debe ser una persona independiente: no podrá estar afiliado a partidos, sindicatos o patronales. El Pacte sostiene que para garantizar la totalidad independencia de esta figura, ésta debe ser elegida con una mayoría significativa del Parlament, por encima de la mayoría absoluta. De lo contrario, según Boned, se trataría de un «nuevo cargo de confianza del gobierno de turno». «La oposición debe participar en su elección», subrayó el conseller del Pacte, también diputado en el Parlament balear en las filas del PSOE.

A expensas de conocer la letra pequeña de la propuesta, Boned también apunta la importancia de que las Pitiüses dispongan de dos defensores del territorio, uno para Eivissa y otro para Formentera. «Se viene reclamando desde hace tiempo un grado de independencia de Formentera, por lo que se tiene que incidir en ello en la aprobación de nuevas leyes», indicó.

El conseller del Pacte recordó que el control de la disciplina urbanística en las Pitiüses está «abandonado». «Los ayuntamientos no tienen capacidad para garantizar el control del urbanismo, por lo que alguna institución superior debe participar activamente para que la disciplina urbanística sea una herramienta fundamental del territorio», dijo.

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