La resolución judicial niega la posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia de derribo de la vivienda como solicitó el abogado de Cretu, Jaime Roig, el 23 de diciembre de 2003 con la intención de acogerse a la disposición adicional número 18 incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos del Govern que especifica que las viviendas aisladas existentes en el área de protección territorial de la costa pueden ser legalizadas, sea cual sea la calificación rústica de los terrenos, si están entre la franja de 250 y 500 metros del mar, por debajo de la cota 250 y no estén en un área de es Amunts. El auto determina también que «no ha lugar a declarar la existencia de imposibilidad material o legal para llevar a cabo lo dispuesto en la sentencia de demolición» y que el Ayuntamiento tendrá que ejecutar «los actos correspondientes para el cumplimiento de aquella».
El juzgado establece un plazo de dieciocho meses «para terminar con la ejecución de esta sentencia que tendrá como objetivo la restauración de la realidad a la legalidad vulnerada». Asimismo, señala que transcurrido este tiempo «se adoptarán las medidas coercitivas necesarias contra el Ayuntamiento y la persona de su alcalde hasta la completa ejecución de la sentencia» y que cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la sala de los contencioso en el plazo de quince días.