El auto dictado por el contencioso administrativo número 1 de Palma de Mallorca ordena explícitamente al Consistorio a ejecutar la sentencia e incluso advierte de que si supera el plazo fijado adoptará «medidas coercitivas contra el Ayuntamiento y la persona de su alcalde». Si se confirma el resultado del auto (el abogado de Cretu ya ha anunciado un recurso), el Consistorio puede tener graves problemas económicos. «Tendremos que valorar qué podemos hacer. A ver de dónde sacamos el dinero», dijo. Por ello, el alcalde de Sant Antoni considera que el resultado del auto, por sus negativas consecuencias económicas, supone «un ataque frontal contra las posibilidades de un pueblo».
Sala habla de «mala suerte». «Si dijeras que es la única ilegalidad que se ha cometido en Eivissa, pero que den un repaso a la isla. Hemos tenido mala suerte. Lo considero escandalosamente perjudicial para el pueblo», subrayó el primer edil de Sant Antoni, para añadir a renglón seguido: «Será ilegal, pero hay otras cosas más flagrantes y que requerirían esta misma contundencia». Puntualizó, además, que la mansión no causa ningún perjuicio al entorno.
Sobre el contenido del auto, el alcalde reconoce que es «contundente» aunque, por otra parte, critica que algunos de los argumentos son «rebuscados». Se refiere, por ejemplo, a la interpretación que hace la juez de la ley de la disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad (ver la información de la página siguiente). «Son interpretaciones en las que caben todos los colores», critica. El alcalde pide incluso a la juez que le diga qué tienen que suprimir de los presupuestos municipales para hacer frente, sólo para empezar, a la demolición de la mansión.